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Las evidencias en soporte electrónico aportadas al proceso penal tendrán valor como medio de prueba de comunicaciones electrónicas.

Escrito por ANTPJI Publicador el . Publicado en Blog ANTPJI

fiscalia general del estado

Desde la Unidad de Criminalidad Informática  de la Fiscalía General del Estado se recuerda que el soporte electrónico podría utilizarse como medio de prueba de comunicaciones electrónicas en los procesos penales.

Según ha comunicado la Unidad de Criminalidad Informática  de la Fiscalía General del Estado, el soporte electrónico podría utilizarse como medio de prueba de comunicaciones electrónicas en los procesos penales.

En concreto en diversos artículos de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal se indica la posibilidad de poderse utilizar al soporte electrónico como medio de prueba de comunicaciones electrónicas en los procesos penales.

En su artículo 382 la citada ley indica que pueden aportarse como pruebas la reproducción de palabras, imágenes y sonidos captados mediante instrumentos de filmación, grabación u otros semejantes que considere convenientes pudiendo también las otras partes en el proceso aportar dictámenes o medios de prueba cuando cuestionen la autenticidad y exactitud de lo reproducido.

Por su parte el artículo 384 de la citada legislación contempla la posibilidad de que el Tribunal examine por sí mismo los instrumentos que permitan archivar, conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas….que por ser relevantes para el proceso hayan sido admitidas como prueba, permitiendo igual conocimiento a las partes, de tal forma que estas últimas puedan alegar y proponer lo que estimen conveniente al respecto. También en estos casos las partes podrán aportar dictámenes o medios de prueba a fin de acreditar/impugnar la autenticidad o exactitud del material aportado.

En ambos casos la valoración de estas pruebas queda sometida a las reglas de la sana crítica.

También ha de indicarse que la Ley también se refiere específicamente a los archivos electrónicos como prueba documental, a los que  sólo les reconoce esta naturaleza cuando el documento electrónico aportado al procedimiento se encuentre firmado con firma electrónica. Efectivamente, el artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, relativo a los documentos privados, indica que cuando la parte a quien interese la eficacia de un documento electrónico lo pida o se impugne su autenticidad, será admisible como prueba documental en un juicio el soporte en el que se hallen los datos firmados electrónicamente junto a que  la firma electrónica reconocida tendrá respecto de los datos consignados en forma electrónica el mismo valor que la firma manuscrita respecto a los datos consignados en aquél por lo que sólo los archivos electrónicos firmados con firma electrónica reconocida tienen el mismo valor que si la firma fuera manuscrita, y puede ser considerado como prueba documental. Si el archivo electrónico se encuentra firmado con cualquier otro tipo de firma electrónica, distinta a la firma reconocida, puede ser también aportado como prueba documental pero no gozará de la prevalencia probatoria de las anteriores en caso de impugnación.

Por último, si el archivo electrónico no está firmado electrónicamente realmente no tiene la consideración de documento, sino que habrá de ser aportado como uno de los medios de prueba que hemos denominado como tertius genus (medio contrapuesto) que está previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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